Por: Óscar Verdín Camacho.- Cuando Adán Meza Barajas se presentó en el Congreso del Estado en septiembre de 1999, previo a su designación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pronunció la frase nadie por encima de la ley que había hecho suya Antonio Echevarría Domínguez como candidato al Gobierno del Estado.

Meza Barajas habló de todo lo que implicaban esas palabras. Luego sería nombrado magistrado presidente.

Anteayer, 11 años después, Pedro Antonio Enríquez Soto, elegido presidente del TSJ el jueves 30 de septiembre, indicó que habrá una relación de respeto con los poderes Ejecutivo y Legislativo, coordinación institucional para rendir los frutos que los nayaritas esperan del poder público estatal, porque sólo así contribuiremos a impulsar el desarrollo que promueve el gobernador del estado Ney González.

González acudió al TSJ para escuchar a Pedro Antonio Enríquez, a quien llevó a la citada presidencia después de que durante más de cuatro años fue el responsable jurídico del Gobierno del Estado.

También estuvo presente Manuel Narváez Robles, presidente de la comisión de Gobierno Legislativo de la Cámara de Diputados. Él fue secretario particular de Ney en sus primeros años de gobernador.

La concentración del poder en una sola persona no puede ser más clara.

TIEMPOS DE ECHEVARRÍA

Los ejemplos en los discursos de Meza Barajas y Enríquez Soto dejan constancia de que el Poder Ejecutivo se impone generalmente al Judicial, sobre todo cuando el Congreso del Estado le es a modo al gobernador en turno, como sucede actualmente con Narváez al frente y como lo fue con Efrén Velásquez Ibarra en la diputación anterior, y el dominio de legisladores del PRI en ambos casos.

Basta recordar que en abril del 2001, el mismo Adán Meza que pronunció el nadie por encima de la ley pidió licencia como magistrado y unos días más tarde ya tomaba protesta como secretario General de Gobierno, a pesar de la prohibición de la ley puesto que cuando menos debía transcurrir un año entre un cargo y el otro.

En el año 2003, con el término de la magistratura de Héctor Manuel Altamirano Dueñas, Elizabeth González Momita y Federico Fletes Arjona, los tres pasaron a laborar al Poder Ejecutivo, cerca del secretario General de Gobierno. Lo mismo ocurrió con Antonio Cedano Gómez, quien había relevado a Meza como magistrado.

Aunque los cuatro citados no arribaron a cargos de primer nivel, la famosa división de poderes quedó en entredicho.

NEY SE VA PERO SE QUEDA

Ney, con las dos legislaturas de su periodo a modo, esperó la parte última de su gestión para dejar una herencia en el Poder Judicial: llevar a los suyos como magistrados, y por supuesto tener la presidencia.

Así, aún cuando él ya no sea gobernador, tendrá una notable influencia sobre varios de los 12 magistrados que dejarán el cargo dentro de nueve años –dos en septiembre y 10 en diciembre-.

El arribo de esos 12 magistrados es similar al ambiente creado por el gobernador en las oficinas públicas: funcionarios que pueden no tener relación estrecha entre si, pero que le deben el cargo, lo que le ha permitido crear un ambiente de vigilancia de unos y otros.

Con ese antecedente, se puede adelantar que Pedro Antonio tendrá marcaje personal pero no de los magistrados que no votaron por él para llegar a la presidencia, sino de sus aparentes aliados.

El lunes 27 de septiembre, durante el acto por el informe del todavía presidente Jorge Armando Gómez Arias, Ney se refirió a una teoría moderna de la división de poderes, citando que gobierno es uno, que se organiza en tres responsabilidades.

Así como Pedro Antonio Enríquez, su anterior subsecretario de Asuntos Jurídicos, ahora es presidente del TSJ, otros magistrados impulsados desde Palacio de Gobierno también están en puestos clave: Román Carlos González Momita –a quien el gobernador indicó el lunes 27 como su compañero de generación- es presidente de la Sala Penal; Thoth Aldrin Lomelí Aguilar es presidente de la Sala Mixta. Éste laboró cerca de Pedro Antonio en la Subsecretaría Jurídica y hay quienes lo consideran más un magistrado impulsado por éste que por Ney.

Aunque se insista en la importancia de la carrera judicial –uno de los seis puntos en que Enríquez basó su plan de trabajo-, en el TSJ termina por imponerse el grupo político con poder en turno, sobre todo en la designación de magistrados, como es el caso actual.

No en balde de los 12 magistrados elegidos el año pasado, sólo uno fue juez –Román Carlos González- en otros tiempos. Pero juez en activo, ninguno.

Cabe mencionar que en otra parte de su intervención, al anunciar su programa de trabajo, Enríquez Soto añadió:

Tiempos son tiempos, afirma el gobernador. Este es el tiempo del Poder Judicial.

Es decir, un discurso a tono, alineado con lo requerido por Ney González.