ÓSCAR VERDÍN CAMACHO
La auditoría que practica la Secretaría de la Contraloría a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), y que inició por los miles de cobros indebidos que se realizaron a familiares de personas detenidas, los cuales fueron disfrazados como donaciones para el DIF estatal, podría tocar otro asunto no menos delicado: la retención indebida de objetos que forman parte de aseguramientos, en especial vehículos.
Por ejemplo, al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hay reclamos de jueces y secretarios de acuerdos en el sentido de que no pocas veces el agente del Ministerio Público consigna las averiguaciones previas pero frecuentemente omite poner a disposición los objetos que forman parte de los ilícitos.
Un caso en particular es el ocurrido a finales del año pasado, cuando cuatro individuos fueron ejecutados en las cercanías del poblado El Ahuacate. Las víctimas se transportaban en un automóvil tipo Jetta y aunque el mismo formó parte del cuerpo del delito, hasta hace unos días no había sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente pese a que ya había sido reclamado por familiares del que era su dueño.
Cuando se exige la devolución de vehículos, como en este asunto, el argumento central del Ministerio Público para negarse a ello es que la investigación aún no concluye.
Ese tipo de casos, se sabe, han sido puestos del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría para su investigación. Y es que las versiones obtenidas indican que se trata de unidades que posteriormente son usadas para el uso personal de empleados de la propia dependencia de seguridad estatal.