ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-
El Gobierno del Estado habría cometido un delito electoral al requerir a empleados de distintas oficinas públicas para que aportaran sumas de dinero a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recursos que fueron utilizados en el pasado proceso electoral.
Funcionarios de distintas dependencias del Poder Ejecutivo explicaron a este reportero que a partir del arribo de Ney González Sánchez al gobierno, se les hizo saber que ofrecerían cuotas a ese partido político, y que las mismas serían de manera “voluntaria”.
Según fue narrado, la mecánica era la siguiente: en los días de pago quincenal, empleados de las áreas administrativas de las dependencias del gobierno pasaban con todos los funcionarios que hacían la aportación, los cuales estaban anotados en listas y generalmente tenían cargos medios y altos, y recibían el dinero que iba a parar al PRI.
Luego se les hacía entrega de un recibo con el logotipo del instituto político, a través del cual se les daba las gracias. Es decir, el PRI tuvo a su disposición toda la estructura del gobierno para recaudar recursos económicos.
Los montos que cada funcionario aportaba dependía del cargo que tuviera: podían ser desde 150 pesos cada quincena, 500, e incluso mil pesos.
Si bien un empleado cuestionado aseguró que la aportación hacia el PRI terminó en los primeros meses del 2009, otros dos de distintas dependencias aseguraron que en realidad el charolazo continúa pero fue anexado a los descuentos que se encuentran en el cheque, aunque de manera disfrazada. Uno de ellos añadió que incluso a muchos se les pidió firmar un documento para estar de acuerdo que en lo sucesivo el descuento se realizara a través del cheque.
Las fuentes aceptaron que se trataba de valores entendidos, pues si bien añadieron que la aportación, en la inmensa mayoría de los casos no era voluntaria, consideraron que negarse a ello equivaldría a perder su trabajo.