Agentes ministeriales confirman que en las “donaciones” para el DIF de personas detenidas, participaron todos, puesto que fue una forma ilegal pero institucionalizada, para obtener dinero.
ÓSCAR VERDÍN CAMACHO
“A todos los agentes del Ministerio Público, a todos, sin excepción, nos tocó aplicar esas multas indebidas disfrazadas de donaciones voluntarias para el DIF estatal”, indicó ayer un empleado de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que pidió el anonimato.
Indicó que en su caso fueron cientos de expedientes en los que procedió de esa manera, acatando órdenes de sus superiores, puesto que se trató de una acción institucionalizada por este gobierno desde hace más de tres años.
Es decir, se dio una corrupción oficial puesto que todas esas “donaciones voluntarias” quedaron plasmadas en las averiguaciones previas de los detenidos cuyas familias accedieron a hacer esos pagos, según se explicó aquí en la edición de este miércoles.
Otro agente ministerial aceptó que en su caso también cumplió con la orden de pedir la “donación” para el DIF, aunque agregó que quienes más hicieron esa tarea eran los responsables de las agencias ministeriales que atienden los asuntos de personas detenidas o de hechos de tránsito, puesto que cuando un vehículo era regresado a su dueño también se le pedía la “cooperación”.
“Si van a proceder contra quienes cumplimos esa orden, entonces van a tener que meternos a la cárcel a todos los agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, directores, al procurador, a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y del DIF porque todos sabíamos que era una donación indebida, que no era voluntaria sino obtenida bajo medidas de presión cuando alguien estaba preso…el dinero, hasta donde sabemos, se depositaba en un módulo de Finanzas que hay en la Procuraduría y de después llegaba al DIF…pero alguien tiene que caer ¿no?”, apuntó uno de los entrevistados.
Agregó que cuando una persona no tenía dinero para cumplir con esa “donación”, la autorización para hacerle una rebaja o no cobrarle debía efectuarla alguno de los mandos superiores de la Procuraduría General de Justicia.
A la segunda fuente de información se le cuestionó por una famosa libreta donde se llevó el control de las donaciones, y refirió que la misma siempre ha estado en la subdirección de Averiguaciones Previas, como fue citado ayer aquí.
Tal y como es del dominio público, la Secretaría de la Contraloría inició anteayer una auditoría en la PGJ ordenada por el gobernador Ney González, quien se hizo el no enterado de ese atraco institucional orquestado por su gobierno.
Desde hace dos años, este reportero denunció esa situación en diversas notas periodísticas. Ayer, como en el 2007, se presentaron dos casos concretos de esas “donaciones”.