Por Juan Carlos Ceballos .-
Debido a que se busca cuidar la seguridad de la sociedad en general y por lo tanto, evitar que se altere el orden en el estado de Nayarit, los retenes para utilizar el alcoholímetro en la capital del estado y para revisión médica en las carreteras por la temporada de vacaciones, no violentan los derechos humanos y por el contrario, sirven para cuidarnos y cuidar nuestro patrimonio revisando que la gente no porte armas de fuego o que no se encuentren drogados o en estado de embriaguez.
Lo anterior fue informado por el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la XXIX Legislatura, Roberto Lomelí Madrigal, añadiendo que de manera constitucional, estos retenes no están permitidos, pero ha resultado necesarias estas acciones ante la posibilidad de resguardar poblaciones, colonias e incluso estados, porque si bien es cierto en Nayarit hay este tipo de vigilancia, también lo es que “por aquí pasa gente que va del centro del país hacia el norte y viceversa”.
Esto, puede darnos la posibilidad de que se pretenda transportar armas o narcotráfico, pero también puede ser que miembros de la delincuencia organizada pretenda ir y venir como “Juan por su casa” y eso las autoridades no deben permitirlo “porque luego suceden situaciones como la muerte de varios elementos policíacos cuando pretendieron rescatar a un delincuente y eso en el estado no queremos que suceda con la sociedad civil”.
Destacó que la revisión por el Libramiento y por el Boulevard Luis Donaldo Colosio para que no circulen personas en estado de ebriedad es muy conveniente, porque así se evita que los conductores circulen a altas velocidades y que ocurran accidentes donde se pierdan vidas humanas, como ya se venía dando y que el gobernador Ney González Sánchez se preocupó por esta situación instalando cámaras de vigilancia, con lo que se disminuyó la velocidad y por ende también los accidentes.
Sin embargo, el legislador local señaló que para este tipo de revisiones, debe estar presente en los puntos de revisión, un representante de los derechos humanos porque “los policías no son una perita endulce y también si no se sienten vigilados, hacen de las suyas, ya que tenemos conocimiento en todas las corporaciones policíacas, cómo se las gastan cuando de hacer sus rutinas se refiere”.
Para ello, dijo, existen las Comisiones Estatal y Municipal de los Derechos Humanos, quienes deben estar presentes, además de que afirmó “y también debe estar un agente del ministerio público con el fin de que tenga conocimiento de la forma en que los policías tratan a las personas y a sus bienes, porque luego, aún cuando no se presentan demandas por temor a represalias, se escuchan rumores de que se extravían algunas cosas que la gente lleva en sus vehículos”.
Lomelí Madrigal dio a conocer que las corporaciones policíacas deben respetar a los conductores, porque para poder entrar a sus vehículos y abrir las cajuelas, deben tener el permiso del propietario del vehículo, ya que en donde circulan es la extensión de su hogar y “nadie puede introducirse en ambos casos, porque así lo señala la Constitución, sin previa autorización porque entonces cometen el delito de allanamiento de morada”.
En cuanto a las cárceles municipales y el CERESO “Venustiano Carranza”, señaló que los derechos humanos deben respetarse, pero en la capital del estado de manera personal ha estado vigilando que no se violenten los derechos constitucionales tanto de los internos como de sus familiares, ya que desde la fuga de un reo, la gente está asustada y considera que pueden presionar a quienes purgan una condena, para que informen de los acontecimientos y eso puede ser violatorio de los derechos humanos, pero hasta el momento “no ha sucedido nada de eso porque me consta.