Por Óscar Verdín Camacho

El norteamericano Ryan Philips Ross, quien hace cuatro años dio muerte en Tepic al joven futbolista Jesús Ramón Chávez Soto, habría sido extraditado ayer a Estados Unidos, donde existe en su contra una acusación por homicidio.
Ryan Philips, quien en diciembre pasado cumplió 37 años de edad, no fue condenado por la muerte de Chávez Soto al acreditarse que era inimputable debido a un padecimiento mental.
A principios de marzo del 2008, cerca del fraccionamiento Jacarandas en Tepic, Ryan hirió con un arma cortante a Jesús Ramón, quien falleció dos semanas después.
Recluido en prisión, el norteamericano quedó a disposición del Juzgado Segundo Penal pero el respectivo procedimiento fue suspendido cuando se concluyó que era un enfermo mental. De hecho, en similares condiciones habría asesinado a una persona en Long Beach, California, en el mes de enero del 2008.

Durante su estancia en la penal de Tepic, permaneció aislado por cuestiones de seguridad dado que era posible que volviera a atacar sin ningún límite. De hecho, se conoce que para conseguir que consumiera un medicamento se le tenía que someter entre varios hombres.
En el transcurso del lunes, esposado y también inmovilizado de los pies, fue llevado a Guadalajara por funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), donde ayer sería entregado a elementos del FBI para su traslado a Los Ángeles.

Aunque resultaría ilógico que Ryan haya sido trasladado a Estados Unidos para enfrentar un delito del que aquí se le consideró inimputable, de manera extraoficial fue ventilado que es un hecho que autoridades del vecino país ordenarán su reclusión en un centro adecuado a sus condiciones mentales, enterados documentalmente de su situación, algo que aquí no fue posible porque no hubo quien gestionara ese trámite en un hospital psiquiátrico de otro estado.

Por cierto, según se conoció, en la orden de búsqueda dictada contra Ryan, autoridades de Estados Unidos fijaron un monto de un millón de dólares para quien diera información sobre su paradero. Hoy se desconoce si el dinero será reclamado por el Gobierno del Estado.