Por Óscar Verdín Camacho


TEPIC.- En el Distrito Federal, una familia cuyo ingreso mensual es menor de cuatro mil pesos tiene un 40 por ciento de posibilidades de ganar un juicio en los tribunales, mientras que familias con ingresos mayores a los 15 mil pesos ganan al 50 por ciento de los litigios.

El dato fue revelado ayer por Javier Hernández Valencia, representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que firmó un convenio con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para la implementación de 88 indicadores que mostrarán una realidad sobre el sistema de aplicación de justicia en Nayarit, con el fin de que se implementen políticas que corrijan las deficiencias.

Precisamente el ejemplo inicial del Distrito Federal se obtuvo después del seguimiento dado a uno de los indicadores.

Nayarit es la segunda entidad del país que ingresa a esa supervisión de la oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Durante el acto, al que asistió el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto indicó que se trata de una oportunidad para abrir la casa ante un organismo internacional, de verse ante el espejo y de que las debilidades sean superadas y mejoradas.


RICOS Y POBRES


De acuerdo con Hernández Valencia, quien posterior al evento ofreció una conferencia de prensa, los 82 indicadores que medirán el actuar del Poder Judicial será, de momento, en los juicios penal, familiar y civil.

Los resultados que se obtengan serán mostrados de manera pública y en otras entidades para continuar extendiendo el programa. Es un punto de partida, no de llegada.

Pero precisó que en esta labor todos los eslabones deben participar, en especial la sociedad, los organismos no gubernamentales, las universidades.

Ejemplificó que la tarea de su oficina, con respecto a los indicadores planteados, es como la de un médico que diagnostica diabetes a uno de sus pacientes. Es decir, de ahí se parte para tomar decisiones y mejorar la salud.

Insistió que la ONU no emite recomendaciones como las que efectúan las comisiones de derechos humanos, sino que con los resultados de los trabajos que realizan, como en este caso en el Poder Judicial, deben aplicarse políticas públicas para corregir los puntos que están mal, como el de lograr un equilibrio para que ricos y pobres tengan igual acceso a la justicia.


ALERTA TEMPRANA

Cuestionado por una reportera sobre los riesgos del ejercicio periodístico en México, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos consideró que cada vez el periodismo en México es orillado hacia el silencio.

Ejemplificó el asesinato de un periodista en Ciudad Juárez, hace tres años, frente al cual no ha habido avances para castigar a los responsables y el homicidio continúa en la impunidad.

Siempre extenso en las respuestas, recordó que tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido críticos sobre la falta de resultados del gobierno de México frente a las agresiones que padecen los comunicadores. Han urgido la creación de un sistema integral de protección, mejor conocida como alerta temprana, para que el Estado ofrezca protección a periodistas ante el menor indicio de peligro.

Al igual que muchos líderes de opinión, Hernández Valencia se dijo preocupado porque la participación de las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico no tenga la supervisión de instituciones civiles.

Recordó, sin embargo, que la insistencia de organismos internacionales ha permitido que militares que cometieron delitos contra ciudadanos ya sean enjuiciados en tribunales civiles.