Por Óscar Verdín Camacho


Apresurado en tapar los pozos financieros –cada vez más evidentes- que dejaba su administración, en los últimos momentos como gobernador Ney González Sánchez ordenó un pago por 25 millones de pesos al ejido La Cruz de Huanacaxtle, en relación con la carretera a Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, por la que en mayo pasado el Congreso del Estado le aprobó la contratación de un préstamo por 300 millones de pesos.

El cheque por los 25 millones de pesos fue dejado por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno en el Tribunal Unitario Agrario de esta ciudad, donde se ventila el juicio agrario 395/2011, presentado por La Cruz de Huanacaxtle con el fin de anular un convenio con el gobierno estatal, relacionado con esa carretera, precisamente porque no le ha pagado el valor de sus tierras.

Según fuentes consultadas, el cheque habría sido formalmente recibido el lunes 19 de septiembre, justo cuando se realizaba el acto por el arribo de Roberto Sandoval Castañeda al Gobierno del Estado.

En octubre pasado, durante la celebración de una audiencia, el Tribunal Agrario hizo referencia al citado cheque.

Aunque la entrega formal correspondió al Gobierno del Estado, la procedencia de los 25 millones de pesos ha merecido todo tipo de comentarios, ventilados extraoficialmente. Uno de ellos refiere que el dinero habría sido aportado por empresas que tuvieron beneficios durante el gobierno de Ney González.

Precisamente la carretera en mención fue adjudicada al empresario Héctor Cárdenas, quien durante el gobierno de Ney González se hizo de cientos de hectáreas en Bahía de Banderas. Cárdenas es mencionado como uno de los personajes con quien el ex gobernador realizó jugosos negocios. Es el dueño de C&C Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V, la empresa que ganó la licitación para la construir la referida carretera.

Ya con el arribo del gobierno de Roberto Sandoval, se han realizado cuestionamientos sobre las prisas que tuvo Ney González para adjudicar la obra a Cárdenas. Y es que el proceso de licitación –calificado como un mero trámite, puesto que todos sabían que él ganaría la obra- se realizó a pesar de que La Cruz de Huanacaxtle obtuvo una suspensión de plano, otorgada por un juez federal vía amparo, que frena cualquier uso de sus tierras hasta en tanto no sea resuelto el fondo del juicio número 415/2001, ventilado en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Administrativo y Civil.

La argumentación para sacar adelante la licitación –citada a este reportero de manera extraoficial- es que el amparo sólo tiene alcances para detener la obra material, no el procedimiento administrativo.

La Cruz de Huanacaxtle ha demandado anular el convenio en el que se estableció un pago por algo más de 28 millones de pesos. Ha solicitado un nuevo avalúo.

Como es del dominio público, en mayo pasado el Congreso del Estado autorizó la contratación de un préstamo por 300 millones de pesos, 50 de los cuales serían para el pago de las tierras y 250 para la construcción, sin embargo hay sospechas sobre el aumento millonario del costo real que tendría la obra.

Cada vez surge más evidencia de que la obra fue un pretexto para el desvío de sumas millonarias, situación que toca investigar a la actual administración.

Pero además, el depósito de último momento de los 25 millones de pesos ha provocado la interrogante sobre su procedencia, o bien por qué no había sido cubierto el adeudo en su totalidad.

Así, el litigio le fue heredado a la administración de Roberto Sandoval.


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Pero además de la demanda del ejido La Cruz de Huanacaxtle, el Tribunal Agrario ha recibido otras tres, por separado, de ejidatarios que dicen ser los dueños reales de las tierras por donde pasaría la mencionada carretera.

Los señores Maximino Meza Guerrero, María del Carmen Gutiérrez Díaz y María Candelaria García Ángel aseguran que las parcelas que afectaría la carretera son de ellos, no de uso común del ejido.

Tales demandas motivaron el inicio de los juicios 625/2001, 626/2011, y 627/2011.

Es decir, se trata de un asunto que va para largo.