Por Óscar Verdín Camacho


A partir de las últimas horas y en los días siguientes, muchos empleados estatales y municipales con carácter de confianza deberán decidir si presentan su renuncia voluntaria o si se aferran a los cargos y prefieren ser despedidos para recurrir a demandas laborales.

A diferencia de altos funcionarios, hay muchos de nivel medio que están en un dilema: firmar la renuncia voluntaria aunque en realidad les es sugerida en las respectivas dependencias, o bien optar por iniciar una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, buscando la respectiva liquidación, que en el primero de los casos no sería contemplada.

En los últimos años, tanto en los cambios de administración municipales como estatal se ha incrementado el número de demandas laborales de funcionarios, especialmente de nivel medio, que se negaron a renunciar y fueron cesados.

Anteriormente se daba como un hecho la renuncia de todos los empleados de confianza.

La semana pasada, a muchos de estos funcionarios se les pidió su disposición para firmar su renuncia tan pronto lo pidieran los nuevos encargados de las dependencias. Por ello, muchos enfrentan el dilema de si aceptarán irse sin la correspondiente liquidación, o si iniciarán juicio por despido. Algunos funcionarios cuestionados sobre el tema mostraron preocupación por las dos situaciones: dejar su trabajo sin una indemnización económica, pero tampoco desean confrontarse con el gobierno entrante porque saben que ello les cerraría la posibilidad de trabajos futuros.

En las semanas por venir se verá la decisión que tomaron muchos.