Por Óscar Verdín Camacho
TEPIC.- La declaración del procurador General de Justicia Oscar Humberto Herrera López, en el sentido de que algunos de los nueve hombres que fueron ejecutados el sábado 20, cerca de Tepic, contaban con antecedentes penales por delitos graves, por lo menos fue temeraria porque su dicho no lo acompañó con pruebas de respaldo.
Anteayer, Herrera López señaló a medios locales delitos como el homicidio, secuestro, asalto a mano armada y portación de arma de fuego, entre otros, en los que las víctimas de la matanza habrían estado involucradas.
El procurador no reveló los nombres de a quiénes se refería, pero hay algunos que quedan exentos simplemente por la edad que tenían al morir.
Aquí hay que precisar que el antecedente penal se da cuando ya hay sentencia firme de las autoridades judiciales. Entonces, resultaría prácticamente imposible el antecedente penal de los dos ejecutados más jóvenes: Adán Noe Rodríguez Ceferino y José Marcos Flores Flores, puesto que el primero tenía 17 años y el otro 18. Adán aún era menor de edad y no hubiera sido posible someterlo a proceso penal.
De los delitos mencionados por el procurador, los de mayor impacto son el homicidio y el secuestro, que en el estado se castigan con penas de 20 a 50 años de cárcel. Es decir, se antoja poco probable que al menos por esos ilícitos tuvieran antecedente penal otros tres hombres ultimados, partiendo tan sólo de su edad: Santiago Rodríguez Ceferino, de 21 años; Isidoro Carrillo Muñoz, de 23; y Gerardo Lobatos de la Cruz, también de 23.
Se insiste: sería imposible encontrar personas que a esa edad cuenten con antecedentes penales por secuestro u homicidio.
Los restantes cuatro acribillados, y de mayor edad, fueron: el fotógrafo del PRI estatal Emiliano Pozas, de 30 años; su suegro Juan Carlos Palacios, de 48; el maestro indígena Bonifacio Lobatos, de 35; y el también indígena Heleno Ceferino, de 41.
El apunte del procurador sorprendió por la ligereza con que relacionó a los caídos con delitos graves, asegurando que contaban con antecedentes penales, pero sin precisar cuáles de ellos.
Una interrogante que surge es si la declaración tuvo como intención justificar, de alguna forma, la matanza.
En el mismo sentido, el procurador se alineó del lado de quienes de buenas a primeras siempre vinculan a los ejecutados con cuestiones ilícitas, pero pocas veces se considera la posibilidad de que pueda ser una víctima inocente.
La información de la máxima autoridad que procura justicia en el estado fue fuerte. Habrá que esperar si revela cuáles de los caídos contaban con antecedentes penales por los delitos que mencionó.
Y no debe pasar por alto que Herrera López fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).