Miami.- Una polémica táctica policial que permitió que cantidades asombrosas de fentanilo mortal llegaran a las calles cuando las autoridades federales buscaban armar casos antidrogas de mayor envergadura se encuentra ahora bajo investigación de los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El presidente de la comisión, el congresista James Comer, republicano de Kentucky, envió una carta este lunes al secretario de Justicia Todd Blanche para solicitar registros relacionados con la controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de vigilar —pero no incautar— grandes cargamentos de fentanilo.
La solicitud evoca las preocupaciones planteadas por funcionarios de Nuevo México, el epicentro de la crisis del fentanilo, donde informantes de la DEA revelaron recientemente que se les ordenó hacerse a un lado en lugar de incautar cientos de miles de pastillas de fentanilo, en posible violación de normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades. La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia a fin de intentar obligarlo a entregar algunos de los mismos registros que buscan los republicanos de la comisión de Comer.
Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas, escribió Comer en la carta —de la cual The Associated Press obtuvo una copia.
La DEA no ha respondido a una solicitud de declaraciones al respecto.
La demanda y la pesquisa del Congreso llegan dos meses después que una investigación de la Ap halló que agentes de la DEA vigilaron repetidamente grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, que se permitió que llegaran a las calles al tiempo que las autoridades federales fortalecían casos penales.
El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, e incluso cuando la DEA encabezaba una campaña de concientización pública —One Pill Can Kill (Una pastilla puede matar)— que subrayaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales. El año pasado, la Casa Blanca designó al opioide sintético como un arma de destrucción masiva.
Comer solicitó registros que abarcan únicamente el gobierno de Joe Biden, al citar lo que describió como su relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo desarrollados durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Esos protocolos, sostuvo Comer, deberían haber evitado que el fentanilo llegara a las calles en cantidades tan grandes.
La política anterior, adoptada en 2017, pedía a los agentes incautar o impedir de otro modo la distribución de fentanilo tan pronto como fuera practicable. El Departamento de Justicia reescribió esas normas en 2024 para dar a las fuerzas policiales mucha más discrecionalidad sobre si actuar para impedir el tráfico de fentanilo, al citar los beneficios que se lograrían al preservar la investigación.