Tepic.- En atención a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos (CEDH) en Nayarit, los Servicios de Salud La Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Nayarit (SSN) se vieron obligados a cubrir una indemnización económica a Andrés Salinas de la Cruz, como una forma de reparar la falta de atención médica que causó la defunción del menor Andrés Salinas Rangel, como consecuencia de una inadecuada prestación del servicio público ofrecido por el Hospital Integral Comunitario del municipio de Acaponeta.

Cabe señalar que derivado de las publicaciones periodísticas del pasado 5 de septiembre del 2007, se realizó una investigación al respecto y se confirmó que el personal del Hospital Integral Comunitario de Acaponeta no evitó el fallecimiento del menor Andrés Salinas Rangel, por carecer de suero antialacrán, proporcionarle un inadecuado servicio y no contar con los insumos apropiados para su tratamiento médico, por lo que el menor de cuatro años perdió la vida. La Recomendación se emitió en la CEDH con el número 28/2008, informó su presidente, Huicot Rivas Álvarez.

Del mismo modo, en atención a la Recomendación 05/2008 emitida el pasado 18 de febrero del 2008, el Sector Salud hizo entrega de un cheque dirigido a Ana María Preciado Esparza, con lo que responde a los causales de negligencia médica y negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido en el Hospital General de Santiago Ixcuintla.

Para el caso de Ana María Preciado Esparza, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, explicó que como resultado de las investigaciones se llegó a la conclusión que la quejosa no contó con una adecuada y oportuna atención médica que la hizo perder a su recién nacido, además de que no fue atendida en el parto.

En ambos casos, los quejosos presentaron sus respectivos recursos de impugnación, por lo que intervino como segunda instancia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ese sentido, los Servicios de Salud de Nayarit aceptaron reparar el daño con el pago de las respectivas indemnizaciones económicas.

En los actos referidos estuvieron involucrados personal médico de ambas instituciones de salud pública estatal, a los que se les sigue un procedimiento de responsabilidad administrativa.