Por Juan Carlos Ceballos


La Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el estado de Nayarit, mantendrá invariable su voluntad sin reservas ni desconfianzas, con autoridades y particulares, para lograr un equilibrio entre el ejercicio del poder y la exigencia de los derechos fundamentales y hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos, la base de una sociedad nayarita más libre y más justa para todos en el presente y en el futuro así lo manifestó durante su primer informe de actividades al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nayarit, Guillermo Huicot Rivas Álvarez.

Agregó la comisión a mi cargo ha cumplido en tiempo y forma, con las obligaciones legales, en materia de rendición de cuentas y auditoría informando puntualmente a este H. Congreso del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización Superior, los pormenores del ejercicio del presupuesto asignado, asimismo, en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La CEDH, atendió 6 mil 300 asuntos, personalmente planteados y 16 mil 300 consultas telefónicas, se registró un total de 554 expedientes de quejas, que se sumaron a los 211 que se encontraban en trámite, al 13 de diciembre del año anterior, de los cuales se concluyeron 574 y 191, quedaron en trámite, los principales hechos, presuntamente violatorios señalados por los quejosos, Fueron ejercicio indebido de la función pública 369 casos de detención arbitraria 100, por golpes, 77 abusos de autoridad 74 violación a los derechos de los reclusos, 63, así como negativa o inadecuada prestación de los servicios de salud, con 9, se dictaron 30 medidas precautorias o cautelares, necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, las autoridades señaladas, con mayor frecuencia, como presuntas responsables de violaciones a los derechos fundamentales fueron la PGJ, direcciones de seguridad pública municipales y el sector salud, durante este año fueron 12 las autoridades e instituciones a las cuales se dirigieron las 31 recomendaciones emitidas, entre los funcionarios estatales, a los que se dirigieron mayores recomendaciones se encuentra el procurador general de justicia, con 17, el presidente municipal de Tepic, con 3, el presidente municipal de Santiago Ixcuintla, con dos, el secretario de salud con dos y el director de prevención y readaptación social con dos. Los presidentes municipales de Bahía de Banderas, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas y Tuxpan, con una, de las 31 recomendaciones emitidas, todas fueron aceptadas, por las autoridades a excepción de una, que destacaba, por su gravedad y que fue la dirigida, al presidente municipal de santiago, por el caso de tortura realizada por elementos de la policía municipal a una persona que lamentablemente falleció, por las lesiones causadas y la falta de atención médica, la cual no obstante que se manifestó expresamente, su aceptación de manera tácita, se negó al cumplimiento de la misma, por tal motivo actualmente se encuentra tramitándose vía recurso de inconformidad, ante la CNDH.

Recepcionamos 76 quejas que por encontrarse señaladas como responsables, autoridades federales fueron remitidas a la CNDH, la actividad de ombudsman no debe limitarse al conocimiento y corrección del caso concreto de violación a los derechos humanos, sino que se debe encaminar a promover cambios en la cultura y en las conductas sociales en la prevención de las violaciones, en la identificación y modificación de prácticas administrativas de manera que se avance en la vigilancia de los derechos fundamentales.

Durante este año 34 mil 844 personas, recibieron capacitación en los temas ya citados, se llevaron a cabo charlas de divulgación en los planteles de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, así como el nivel de bachillerato gracias a la colaboración invaluable de las autoridades educativas, de los profesores y profesoras del aula

Rivas Álvarez, señaló la evolución jurídica a lo largo de la historia ha recapitulado, el reconocimiento, de la protección de la libertad y de la dignidad humana, debe ser el fin supremo de todo derecho, los derechos dependen tanto de su reconocimiento constitucional, como de la existencia de mecanismos adecuados, prácticos y disponibles, para prevenir, violaciones y reaccionar contra ellas, unido a la necesaria condición material, para su plenos disfrute, en la actualidad observamos en nuestro país, una suerte de multiplicación, de las formas de la violencia, a esta violencia lo acompaña muchas veces una reacción de indiferencia, que es el reverso de la solidaridad, de la preocupación personal, social, institucional, por la suerte del otro ser humano, es claro que hay que rechazar, la violencia, pues destruye el tejido social y anula el estado de derecho..