ÓSCAR VERDÍN CAMACHO


Durante el 2009, los principales aspectos que generaron expedientes de queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron el ejercicio indebido de la función pública, con 369 casos; la detención arbitraria, con 100 expedientes; golpes, 77 asuntos; abuso de autoridad, 74; violación a los derechos de los reclusos, 63; así como la negativa o inadecuada prestación de los servicios de salud, con nueve asuntos.

Lo anterior fue citado ayer en el Congreso del Estado por el presidente de la CEDH, Huicot Rivas Álvarez, al rendir su primer informe de labores.

Añadió que de las 31 recomendaciones emitidas en el año, 17 fueron para el titular de la Procuraduría General de Justicia; tres para el presidente municipal de Tepic; dos para el alcalde de Santiago Ixcuintla, e igual número para el secretario de Salud estatal y el director de Prevención y Readaptación Social; así como una recomendación para los presidentes municipales de Bahía de Banderas, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas y Tuxpan.

De acuerdo con Rivas Álvarez, uno de los casos más graves fue encontrado en Santiago Ixcuintla, donde agentes municipales torturaron a una persona y ésta falleció, y si bien la recomendación fue aceptada, se ha negado su cumplimiento, por lo que en estos momentos hay un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


CASO DONATIVOS A DIF


Ante el pleno de la Cámara de Diputados, Huicot Rivas se refirió a dos recomendaciones generales orientadas a promover modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyen o propician violaciones a los derechos humanos.

Según apuntó el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de esas recomendaciones fue para la eliminación inmediata de la práctica relativa a la imposición de sanciones pecuniarias a que se refiere el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la eliminación de la imposición de cobros que bajo el concepto de donativos venían imponiendo tanto elementos de la Policía Estatal como agentes del Ministerio Público a las personas detenidas como condición para obtener su libertad.

Lo citado por Huicot Rivas termina por confirmar los abusos que durante más de tres años se efectuaron en agravio de personas detenidas que se encontraban en la Procuraduría General de Justicia, a quienes se les exigían distintas sumas de dinero, que supuestamente era donado voluntariamente al DIF estatal, a cambio de su libertad, siempre y cuando no se les relacionara con delitos graves.

Con lo antes expuesto, el presidente de la CEDH echa por tierra la declaración de Efrén Velásquez Ibarra, titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, que ha dicho que en la auditoría practicada por esas donaciones no se encontraron anomalías, si acaso el faltante de algunos recibos.

Lo expuesto ayer por Huicot Rivas confirma que esa presión a que se sometió a miles de familiares de detenidos, para que donaran voluntariamente a cambio de la liberación, fue una violación a los derechos humanos.

Por cierto, el dato no fue apuntado únicamente ante los diputados locales, puesto que al informe asistió, como invitado especial, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.

Hasta el momento no hay ningún funcionario sancionado por aplicar esos donativos que seguramente suman millones de pesos, indebidamente obtenidos por las autoridades.

Cabe mencionar que Huicot Rivas Álvarez no se refirió al tan comentado caso de la video grabación de cinco adolescentes, humillados, y la posterior detención de cuatro albañiles acusados de esos actos, uno de los cuales fue liberado por mediación de la propia CEDH, lo que, se sabe, generó un ambiente de presión y desembocó en la suspensión del visitador general Ilich Yei Yaqui Godínez Astorga.

Sin embargo, en el documento leído por el presidente de la CEDH, pareció mandar un mensaje en ese sentido. Fue el caso que al referirse a los medios de comunicación, señaló su importancia para la consolidación de la institución en la opinión pública nayarita en temas, frecuentemente, polémicos y controvertidos en los que es preciso tomar posturas, no siempre cómodas y que no pueden esperar.

Y más adelante, remató: nuestras acciones y resoluciones buscaron en todo momento restituir derechos a quienes, por actos indebidos o abusivos de la autoridad, les habían sido infringidos.


MANIFESTACIÓN DE PRD


Si el informe del presidente de la CEDH atrajo una amplia cobertura de reporteros, también fue porque unos 25 militantes del PRD, encabezados por su dirigente estatal Rodrigo González Barrios, acudieron a la Cámara de Diputados para manifestarse en contra de un nuevo reemplazamiento de vehículos para el próximo año.

NO TIENEN LLENADERA, NO MÁS IMPUESTOS, se leyó en la pancarta sostenida por González Barrios.

La presencia de los perredistas generó inquietud entre los diputados. Por ejemplo, Manuel Narváez, del PRI, sostuvo un diálogo con Jesús Castañeda, del PRD, y fue evidente que le solicitó que los manifestantes no trastocaran la tranquilidad del recinto. Así fue. Únicamente mostraron sus pancartas, además de que emitieron un buuuuuu cuando fue anunciada la presencia del ex gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza entre los invitados.