ÓSCAR VERDÍN CAMACHO .-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del Poder Judicial del Estado una controversia constitucional por un litigio que ha sostenido contra el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información (ITAI).
El litigio, identificado con el número de controversia 49/2009, tenía como fondo una diferencia entre el Poder Judicial y el ITAI respecto al monto de dinero que una particular debía pagar para obtener copias certificadas de numerosas actas del Consejo de la Judicatura del propio Poder Judicial del Estado.
Así, mientras el Poder Judicial, representado por el magistrado Jorge Armando Gómez Arias, insistía en que la certificación debía cobrarse no sólo por cada acta de sesión solicitada, sino por la certificación de sus respectivos anexos, el ITAI, cuyo titular es Miguel Madero Estrada, se pronunció porque el cobro de certificación fuera por acta pero también incluidos los anexos, bajo el principio de máxima publicidad, a favor de la solicitante de la información.
De acuerdo con el fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ITAI no debió adjudicarse facultades que no le corresponden, por lo que incurrió en una invasión de esferas en perjuicio del Poder Judicial.
Cabe mencionar, sin embargo, que uno de los ministros emitió un voto particular, es decir, en contra de lo resuelto por mayoría de sus pares, citando que la controversia ni siquiera debió resolverse porque el Poder Judicial no resulta afectado en su patrimonio de forma alguna, toda vez que los recursos obtenidos por las copias y su certificación se incorporan, en todo caso, a la hacienda pública estatal.
De igual forma, fue apuntado que con el fallo se privilegia la defensa de un interés simple o abstracto en detrimento de un derecho fundamental consagrado en la Constitución Federal.
Si la posición del ITAI la hubiera confirmado la Suprema Corte, la solicitante de la información habría pagado alrededor de 10 mil pesos por los documentos solicitados, pero como el fallo favoreció al Poder Judicial, la suma se elevó a unos 17 mil, puesto que la certificación de las copias, como ya se dijo, es por separado, tanto por cada acta como por sus anexos.
En suma, alrededor de siete mil pesos generó el litigio entre el Poder Judicial y el Instituto para la Transparencia.
Por cierto, aún está pendiente por resolverse otra controversia por un asunto similar al ya referido. Y además, hay amparos del magistrado Jorge Armando Gómez Arias contra acciones del ITAI.