Por: Francisco Pérez Gómez
Consecuencia del estado fallido que impera en el hermano estado de Michoacán, el Presidente Enrique Peña Nieto estableció como una estrategia de recuperación y pacificación de tal entidad la emisión del Decreto mediante el cual se crea la figura de un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral con facultades consideradas por encima de los poderes estatales lo que según algunos es una virtual desaparición de poderes de facto, término que desde 1975 no se había empleado en el país y que se ha puesto de actualidad debido a las numerosas manifestaciones de violencia extrema y al gran malestar social en que se encuentran inmersos los grupos delincuenciales principalmente los llamados Caballeros Templarios contra quienes van encaminadas las baterías de los grupos de autodefensa quienes según unos quieren liberar a Michoacán de las garras de este grupo delictivo y según otros están financiados por miembros del crimen organizado del estado de Jalisco por lo que en la actualidad esta entidad se encuentra entre la disyuntiva de quien los salva ahora de sus salvadores, lo que dio pie a que el gobierno federal al ver que los delincuentes han rebasado y corrompido a las autoridades estatales asumiera el mando a través de la figura del mencionado Comisionado que por ahora recae en la persona de Alfredo Castillo.
Ahora bien, el nombramiento de un Comisionado no constituye una garantía de que tal entidad sea rescatada, porque tales conflictos no se resuelven por decreto y podría devenir en una acción fallida del gobierno como las implementadas durante los últimos meses, pero ante tal grave situación, bien podría contemplarse la posible desaparición de los poderes en bien de una rápida solución antes de que devenga en situaciones incontrolables y en guerrillas inútiles que puedan poner en predicamento al Gobierno que lo llevase a tomar medidas extremas que pudieran afectar a la población civil y afectar los derechos humanos de personas inocentes. Por otro lado, la figura de desaparición de poderes como marcan lo cánones constituye un proceso legal, mediante el cual se declara que por distintas causas que pueden ser políticas y sociales, han dejado de existir como tales los poderes públicos de un estado y por lo tanto el Gobierno Federal a través del Senado de la República interviene por sobre la soberanía de un estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos regulada a través de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 constitucional el que establece las causales para la aplicación de este régimen siendo uno de ellos el que estén imposibilitados del ejercicio de sus funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico que presumiblemente es el caso de las autoridades locales de Michoacán. Más sin embargo en otra vertiente, si bien, la desaparición de poderes muestra la situación de que existe un pacto federal, que entre otras cosas, respeta la autonomía de los estados, para otros podría significar la intervención ilegal e impositiva del gobierno federal que no ha podido resolver la situación de inseguridad que por ahora todavía campea en la mayor parte de nuestro país.
Por ahora, el Gobierno federal a través de los titulares de SEGOB, SEDENA, SEMAR, P.G.R. y CISEN con el objeto de blindar a los estados circunvecinos de Michoacán y evitar el efecto cucaracha, se reunió con los Gobernadores de los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México y Querétaro con quienes acordó una estrategia conjunta para evitar que ante la presencia de fuerzas federales en Michoacán las organizaciones criminales que operan en esa entidad se trasladen a estos estados a lo que debiera agregarse si en dichas entidades se aplica con rigor la Ley Anti lavado porque mientras no se aplique, el crimen organizado tendrá la fuerza económica para seguir corrompiendo a nuestras autoridades, luego pues, hace falta su total aplicación junto con la estricta aplicación de la Ley Aduanera con la que se cortara el oxigeno económico a estas agrupaciones.
Desde nuestra óptica la situación que priva en el estado cuna del Perredismo y de alianzas entre estos y el Panismo, devino de la complicidad y corrupción en que cayeron los gobiernos de estos organismos políticos por sus complicidades con la delincuencia organizada para el logro de escalar los puestos de poder, situación que ha sido ventilada a través de las redes sociales por algunos líderes delincuenciales, por lo que de darse la forzosa aplicación de la desaparición de poderes, ésta debiera darse observando y protegiendo los derechos humanos y esenciales de los michoacanos que tienen el pleno derecho a elegir a sus autoridades y que tal situación se diera por un corto tiempo.
Afortunadamente no es el caso de nuestra entidad en la que la paz y la calma es notoria y se siente gracias a las estrategias de seguridad que han implementado nuestro Gobernador Roberto Sandoval Castañeda y ejecutadas diligentemente por el Fiscal de la Gente Lic. Edgar Veytia a quienes los Nayaritas debemos el clima de Paz y tranquilidad que priva en nuestra entidad y en donde las inversiones aumentan con los consabidos beneficios a la ciudadanía por lo que nuestra entidad está en continuo progreso.
Esperemos y comentaremos frago2009@hotmail.com