Por Óscar Verdín Camacho

El incumplimiento a una sentencia administrativa por parte de la Secretaría de la Contraloría estatal habría generado, ayer, la orden del respectivo tribunal para destituir a un alto funcionario de la dependencia.

El problema, fue explicado extraoficialmente, se produjo porque no se atendió la resolución en el número de amparo 49/2012 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, favorable a Cruz Gilberto Castillo Peña, quien ya había ganado un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativo por su despido, en el año 2006, de las oficinas del Seguro Popular.
Castillo Peña habría sido reinstalado en el cargo esta semana, aunque estaría pendiente el pago de salarios caídos.
Sin embargo, habría sido ordenado al secretario de la Contraloría estatal, Roy Rubio Salazar, la destitución del titular de la dirección General de Responsabilidades, en este caso Luis Rodrigo Velasco Contreras.

Irónicamente, Velasco Contreras podría ser el último responsable de la anomalía en el caso de Cruz Gilberto Castillo, puesto que hasta hace unas semanas laboraba en el departamento jurídico de la Secretaría de Salud. Es decir, le tocaría pagar los platos rotos.

De acuerdo con datos extraoficiales, se trata de un asunto heredado por el gobierno anterior al que esta administración también le dio largas, puesto que desde el año 2009 ya había una sentencia a favor del quejoso en el tribunal administrativo.
SIGO EN CONTRALORÍA

Anoche, localizado por teléfono, Velasco Contreras aseguró que la orden de destitución fue ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa, no por la justicia federal, por lo que valora presentar un juicio de amparo.

Aclaró que cuando fue requerido para que se reinstalara al quejoso, dio la fecha del 17 de septiembre para ello e incluso giró oficios a las áreas administrativas, por lo que considera que hay constancias de que se cumpliría el fallo.

Frente a la pregunta sobre si continúa laborando en la Secretaría de la Contraloría, respondió: sí, todavía sigo ahí.
Sin embargo, el ordenamiento es que haya destitución por incumplimiento de la sentencia.