Por Óscar Verdín Camacho
Ocho ex regidores del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla pretenderían que se proceda contra el alcalde Pavel Jarero Velázquez, puesto que no ha sido cumplida una sentencia laboral por el pago total de más de medio millón de pesos –que se repartirán entre ellos-, correspondientes a la parte proporcional del aguinaldo del 2005, puesto que en septiembre de ese año dejaron de laborar. Es decir, se trata de una herencia que ha pasado por varias administraciones.
En junio pasado, aquí fue abordado ese tema que generó opiniones contrarias a la exigencia de los ex regidores, principalmente por las dificultades económicas que enfrenta el citado ayuntamiento. Para entonces, se explicó, la administración municipal había abonado 210 mil pesos como prueba de que acataría la sentencia. Por cierto, ese dinero fue aceptado hasta semanas después por los quejosos Rosalva Cano Jiménez, Alma Angelina Almejo Hernández, Luis Carlos López Partida, Federico Langarica Chavarín, Martha Leticia Sánchez Rodríguez, Fernando Ruvalcaba Ayala, Margarita Reyes Yáñez y Francisco Navarro Santos.
Según datos recogidos, los ex regidores recibirán otros 353 mil 616 pesos totales, no por separado.
Aunque hay quienes han externado que la administración de Pavel Jarero debe resistirse a ese pago, también ha trascendido que estaría por solicitarse nuevamente la intervención de autoridades judiciales federales para hacer cumplir el fallo.
Tan sólo en el Primer Tribunal Colegiado con oficinas en Tepic está abierto un incidente por incumplimiento de sentencia, la cual intentarían despertar los demandantes para presionar al alcalde.