El Senado de la República exhortó a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Reforma Agraria, y de la Procuraduría Agraria aclarar las presuntas afectaciones de que han sido objeto ejidatarios de Nayarit y Sinaloa por irregularidades y omisiones relacionadas a la construcción de las autopistas Tepic-Mazatlán y Durango-Mazatlán, así como del Libramiento Mazatlán.


A propuesta de los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Fernando Castro Trenti y Francisco Alcibíades García Lizardi, el Pleno del Senado solicitó que el director de Centros, de la SCT; el director de Expropiaciones, de la Reforma Agraria, y el secretario técnico del Comité Permanente de Control y Seguimiento, de la Procuraduría Agraria, participen en una mesa de trabajo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, a fin de abordar el tema de las autopistas Tepic-Mazatlán y Durango-Mazatlán, y resolver de manera inmediata el problema presentado por los ejidatarios afectados en la construcción de estas obras.


Además, el Senado de la República exhortó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de manera previa a la fecha en que se lleve a cabo esta mesa de trabajo, remita el expediente completo de las autopistas antes mencionadas, incluyendo el título de concesión, el proyecto constructivo de las obras, la documentación existente de la liberación del derecho de vía, la licitación para la construcción, así como los demás elementos relacionados con el título de concesión y las condiciones del mismo.


En el dictamen aprobado se indica que representantes de campesinos afectados acusan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de buscar a cada uno de los ejidatarios propietarios de las parcelas que se verían afectados por la construcción de las autopistas, firmando convenios de ocupación previa.


Se señala que los representantes de campesinos afectados denunciaron que la SCT no cumplió con lo establecido al artículo 19 de la Ley de Obras Públicas, donde se establece que las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras públicas.