Por: Juan Fregoso
uLa austeridad implantada por el gobierno significa un peligro latente
uEl pueblo, el más afectado
uUrge una reforma de estado, que incluya la disminución del número de legisladores
uEn un estado democrático debe prevalecer el constante mejoramiento económico de los ciudadanos
uLas medidas adoptadas no contribuyen a un estado fuerte, sino débil
uLa burbuja del descontento social está en puerta
uEl gobierno debe reconsiderar su postura
uEl grito desesperado de estamos hasta la madre no tardará en brotar del pecho del pueblo nayarita
Siempre que hay cambio de gobierno, se nos habla de la necesidad de aplicar medidas de austeridad o endurecimiento en la actuación gubernamental, con el propósito de solventar la crisis que siempre deja la administración saliente.
La llamada austeridad implica forzosamente la restricción de recursos con el sobado pretexto de estabilizar las finanzas públicas. Mediante estas medidas austeras o rígidas los principales afectados son los municipios, y al referirnos a esta institución hacemos referencia al pueblo, conformado por los trabajadores, campesinos, obreros, es decir, las masas explotadas por los poderosos, por supuesto, en claro contubernio con los gobernantes.
Los recortes presupuestales a los municipios originan el despido masivo de empleados en los Ayuntamientos; también resultan afectados los micro y macro empresarios, a los que no les queda otra alternativa más que cerrar sus negocios, con lo cual muchas familias pasan a engrosar el vasto universo de los desempleados.
Empero, el gobierno parece no sopesar el impacto de sus políticas de austeridad, ya que—aunque peque de repetitivo—muchos trabajadores, principalmente jóvenes, están siendo orillados a emplearse en la delincuencia organizada que ha sentado sus reales en nuestros tiempos. En consecuencia, aquellos que pierden sus empleos no dudarán en aceptar una oferta que les haga el crimen organizado, acabarán convertidos en sicarios o en el menor de los casos, de asaltantes, pues de alguna manera tendrán que sacar adelante a sus familias, ya que si el gobierno les cierra las oportunidades a que tienen derecho, no les queda otra camino. Desde esta perspectiva el gobierno está creando a un verdadero Frankenstein, el cual tarde o temprano terminará por rebelarse en su contra.
Por lo tanto, vale pena citar el artículo 3º constitucional, el cual establece que nuestro sistema político será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En este sentido, podemos afirmar que cuando un gobierno restringe los derechos del pueblo, está violentando el espíritu del precepto en comento, no podemos hablar, entonces, de un gobierno democrático, sino de un estado con tintes fascistas, que coarta, aunque parcialmente, las libertades de los individuos. Esperemos que no sea nuestro caso, ya que si así fuera, las consecuencias pronto se dejarán sentir.
Sin embargo, si el gobierno en realidad busca estabilizar las finanzas públicas, debe comenzar por reducir los estratosféricos sueldos que perciben los diputados, senadores, asambleístas y secretarios de estado. En este contexto, cabe preguntarse cuánto nos cuesta un diputado local, un diputado federal, un senador o un asambleísta. En México, la Cámara de Diputados se compone de 500, 128 senadores y 66 asambleístas. Desde luego, sin contar con el número de diputados locales con que cuentan las 31 entidades federativas (incluyendo el Distrito Federal), cuyo número de legisladores varía, por ejemplo, en Nayarit, tenemos 30 representantes populares que perciben una generosa dieta (salario), más un sin fin de prestaciones que el hombre común y corriente ni en sueños gana.
El sueldo de los llamados representantes del pueblo no se sabe con certeza, sólo se tienen aproximaciones. Ellos pueden decirnos que ganan 50 mil pesos mensuales, pero esto es absurdo, ya que la dieta real anda por lo menos en los 100 mil pesos mensuales, libres de impuestos, para un diputado federal. Tienen seguro médico, lo mismo para ellos que para su familia, se les otorgan vales de gasolina, es decir, ésta no les cuesta absolutamente nada, asimismo no pagan derecho de peaje, pues tan sólo con mostrar su charola a los encargados de las casetas de cobro, pasan sin ningún problema.
Asimismo, tienen derecho a vacaciones, como si de veras trabajaran a favor del pueblo, perciben una compensación para viáticos, tienen derecho de recibir cursos universitarios en nuestro país y hasta en el extranjero, los cuales también son gratis, además si desempeñan alguna comisión son acreedores a un pago extra, entre otras lindezas o abusos.
En consecuencia, nos parece que aquí radica el meollo del asunto, pues bastaría con hacer una suma para darnos cuenta que los legisladores absorben una cuantiosa cantidad de dinero procedente de los impuestos. Se antoja sugerir, entonces, que urge una reforma política de estado para evitar la erogación de tanto dinero, tanto dispendio innecesario en un país que se tambalea ante la amenaza de quedarnos sin petróleo; la muleta que nos ha sostenido económicamente desde hace tiempo pero que está por agotarse. Por ello, pensamos que para fortalecer la estructura financiera se requiere reducir el número de congresistas, con ello nos ahorraríamos miles de millones de pesos y nos permitiría sacar adelante al país, brindándole mejores servicios públicos a los mexicanos, y para esto sólo se necesita la voluntad del gobierno.
Gran parte del estancamiento económico no se debe solamente a la mala actuación de un gobierno, sino como ya lo dijimos, en los exorbitantes sueldos que perciben diputados, senadores, asambleísta y hasta el propio presidente de la República. Luego entonces, parte de la solución del problema consiste en el reajuste de de sus suculentas dietas, y si de verdad quieren ayudar a México se debería empezar con esta medida. ¿Estarán dispuestos a sacrificar, digamos el 50 por ciento de sus salarios, en aras del beneficio de la población?
Porque las medidas austeras no solamente deben aplicarse al pueblo, sino a todos por igual. Debemos ser congruentes en nuestra actuación, apegarnos al espíritu del artículo 3º constitucional citado líneas arriba y que no merece mayor explicación, porque es lo suficientemente claro en el sentido de que la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Sin embargo, hasta el momento no vemos dicho mejoramiento en la vida económica de los nayaritas, al contrario, vemos con sorpresa que las medidas adoptadas recientemente lesionan severamente el bolsillo de los trabajadores. Las medidas que se han instrumentado, lejos de coadyuvar a la construcción de un estado fuerte, lo están debilitando y, es cierto, el pueblo de México se caracteriza por ser aguantador, pero también es cierto que tiene un límite, la paciencia se agota, se acaba, y es entonces, cuando se manifiesta la inconformidad, la rebelión, que por supuesto, nadie quiere que esto suceda porque vendría a empeorar la situación y, muy probablemente, surgiría del pecho del pueblo nayarita, el grito de guerra lanzado por el escritor Javier Sicilia; ya estamos hasta la madre. ¿Será posible llegar a este extremo?