Dos individuos que a principios de este mes fueron detenidos, presuntamente vinculados a varios robos con violencia, a mano armada, recuperaron la libertad de la forma más extraña, misteriosa, lo que viene a abonar al apunte efectuado por el gobernador Ney González, el lunes 17, en el sentido de no se puede confiar en muchos de quienes laboran en las corporaciones de seguridad.
El caso de dos hermanos, detenidos por policías estatales, fue revelado el cinco de mayo por la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Según un parte informativo, habían sido detenidos por el delito de cohecho, pero también se les investigaba por diversos atracos.
Los sujetos fueron consignados por cohecho ante el Juzgado Cuarto Penal, que inició el número de expediente 192/2010. Desde el primer momento fue advertido que esa acusación tenía una marcada intención: justificar la captura de los individuos puesto que ya no existía flagrancia por los robos con violencia.
Por cierto, esa práctica, que se ha vuelto común entre los policías investigadores, fue criticada por el ahora procurador General de Justicia, Óscar Humberto Herrera López, cuando presidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Así, el día seis fue consignada al menos una averiguación previa por robo, y ese mismo día, por tratarse de delito grave, el Juzgado Primero Penal giró la respectiva orden de aprehensión.
Lo inexplicable es que los sujetos no fueron puestos a disposición del juez que los requería.
Para el día siete, el Juzgado Cuarto Penal dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor de los detenidos. Ordenó entonces la puesta en libertad, lo cual fue acatado puesto que no tenían vigente otro juicio.
Nadie ha explicado por qué la orden de aprehensión, por delito grave, no fue cumplimentada, o quién se la guardó el tiempo necesario para que se concretara la libertad.
Lo irónico es que ahora se les buscacon la orden de aprehensión.