Dueños de vehículos involucrados en accidentes reclaman que sus carros son retenidos si no están al corriente en el pago de tenencia; abogados aseguran que la medida puede tumbarse con amparos.

Por ÓSCAR VERDÍN CAMACHO


TEPIC.- No satisfechos con las donaciones voluntarias, destinadas supuestamente para el DIF estatal, a que obligó este gobierno a miles de familiares de personas detenidas, situación frenada el año pasado, en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) continúa otra práctica criticada: la exigencia para que los dueños de los vehículos involucrados en accidentes, así se trate de parte ofendida, se pongan al corriente en pagos pendientes de tenencia, y en ocasiones de placas, o de otra forma el carro no es regresado.

Tanto abogados particulares como funcionarios de la propia dependencia explicaron que esa disposición está al margen de la ley, y que sería fácilmente combatida a través de un amparo.

Los datos recogidos indican que hace unos tres años se puso en práctica esa medida, en el afán de obtener más recursos para las arcas del gobierno. Pero si bien la medida es defendida por algunos, en lo que sí hay molestia unánime es por qué, aun cuando un vehículo puede ser regresado de manera rápida a su dueño, sobre todo si es la parte ofendida en un accidente, deben dar el visto bueno altos funcionarios de la Procuraduría General.

La cuestionada disposición no ha variado con el procurador General de Justicia Óscar Humberto Herrera López, que ya tiene tres meses en el cargo.

Empleados de la PGJ confiaron que el argumento con que inició la exigencia para tener pagados al día la tenencia, fue un asunto de seguridad a terceros, pero en realidad, se afirma, esos casos no deberían pasar de una infracción de tránsito y más bien se implantó la medida para la obtención de recursos económicos.

Así, los dueños de vehículos involucrados en accidentes deben presentar copia de los respectivos pagos, para el efecto de recuperar sus unidades. De otra forma no se autoriza la devolución.

Sin embargo, fue añadido, hay ocasiones en que se les entregan los carros, con el compromiso de los dueños de que a la brevedad harán los pagos.

Una de las fuentes consultadas indicó que la disposición oficial puede fácilmente ser tumbada con un amparo, pero para ello el dueño del carro tendría que contratar un abogado, lo que representaría un gasto en algo que no debería.

Además, señaló un abogado litigante, nadie quiere interponer amparo por ese asunto porque temen que en el futuro haya consignas en contra.

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