Por Óscar Verdín Camacho
Si el propio gobernador Roberto Sandoval Castañeda confirmó el desvío de recursos públicos en la Secretaría de Salud, se puso a prueba con una de dos opciones: proceder penalmente contra los responsableso pasar a la historia como encubridor de los mismos.
Cuando el lunes nueve Sandoval Castañeda anunció el arribo de Oscar Villaseñor Anguiano como nuevo secretario de Salud –sin ser médico-, en sustitución de María Ibarra Ocampo, probablemente ni él mismo estimó la dimensión de sus palabras, al informar la mala administración que ha tenido la Secretaría de Salud, el robo hormiga de medicamentos, lo inflado de la nómina o el adeudo de 500 millones de pesos que le dejó el gobierno de Ney González en esa dependencia.
Y es que, si el propio Roberto Sandoval confirmó lo que durante mucho tiempo ha estado en boca de tantos: el desvío de recursos públicos en la administración de su antecesor, ahora tiene la obligación de que se proceda contra los responsables, pues de otra forma corre el riesgo de convertirse en el encubridor del inmenso saqueo.
Así entonces, las palabras de Sandoval vertidas el lunes no pueden quedar en una opinión de carácter político, como suele ocurrir entre los altos funcionarios, sino en una obligación para que sea aplicado el castigo que corresponda.
Si el propio gobierno de Roberto Sandoval ha insistido en que la ciudadanía denuncie de manera anónima a delincuentes, él, que seguramente cuenta con la información detallada del saqueo en la Secretaría de Salud por otro tipo de delincuentes, hoy tiene dos opciones: castigaro encubrir.
Para no ir muy lejos, la Procuraduría General de Justicia mantiene abierta una denuncia penal interpuesta contra el ex secretario de Salud Omar Reynozo Gallegos –hoy diputado local por el PRI- y otros seis de sus colaboradores, en el que son acusados de malversar recursos por cerca de 40 millones de pesos. La denuncia fue presentada inicialmente en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), a finales del año 2010, por la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
Omar Reynozo ha solicitado que la denuncia sea archivada en definitiva porque, dice, no cometió delito alguno.