Por: Juan Fregoso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta hace poco era considerada como garante de los derechos de los ciudadanos. La última instancia a la que se podía recurrir para subsanar las deficiencias o irregularidades que pudieran cometer los otros tribunales, la Corte, era pues, la última esperaza del gobernado que se encontrara sujeto a un proceso judicial, ahí se valoraba la constitucionalidad de los actos procesales, esto es, que los juicios fueran apegados estrictamente al espíritu de nuestra Constitución, la cual, no está demás remarcarlo debe estar por encima de toda ley secundaria; nada por encima de la Ley Suprema, es la premisa establecida por el constituyente.
Sin embargo, el caso de la francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, detenida por elementos de la Agencia Federal Investigadora, bajo el mando de su entonces director, Genaro García Luna, y presa a partir de 2005, acusada de secuestro, ha puesto en evidencia la autonomía y la honorabilidad de la Corte, institución que no ha podido actuar libremente debido a la insolente intromisión del presidente de la República, quien violentando el principio de la división de poderes ha venido presionando a los ministros encargados de aplicar la justicia
El omnímodo poder del titular del poder ejecutivo mantiene de rodillas a nuestro máximo tribunal, el cual, literalmente se encuentra maniatado para cumplir cabalmente las atribuciones consagradas en la Constitución Federal, atribuciones que son exclusivas del poder judicial, no del poder ejecutivo, el cual en este caso se ha arrogado arbitrariamente facultades que no son de su competencia, pero Calderón en un afán enfermizo cierra las pinzas para impedir que la Corte actúe con entera libertad, poco le importa que con su intromisión se vulnere el estado de derecho.
Lo peor, es que la actuación del presidente raya en el racismo más brutal, pues todo indica que le tiene una especie de fobia a Florence Cassez, por tratarse de una ciudadana de origen francés, o tal vez, su intromisión obedezca a fines políticos electoreros, es decir, que con su tozudez busca recuperar los bonos perdidos de su nefasto gobierno como consecuencia de su guerra fratricida.
Por tanto, se antoja pensar que la intervención del presidente, en un caso eminentemente judicial, tiene como propósito fundamental limpiar su deteriorada imagen, sobre todo, hoy que nos encontramos en un año electoral, donde está en juego la presidencia y el Congreso de la Unión, y por supuesto, que Felipe Calderón está buscando por todos los medios a su alcance de que el PAN siga en el poder, lo que sería catastrófico.
En esta columna, no se trata de hacer una apología del delito, muchos menos de defender a delincuentes, sino lo que aquí se cuestiona es la actuación de las autoridades ejecutoras que, desde un principio, no observaron las formalidades esenciales del procedimiento. La prensa nacional como internacional, ha dado cuenta de que en la aprehensión de la francesa se violaron sus más elementales derechos, al grado de que se afirma que su apresamiento fue una operación deliberadamente prefabricada, televisada y orquestada por el entonces director de la AFI, Genaro García Luna, siguiendo las consignas del primer mandatario.
Felipe Calderón ha manifestado en este caso un inusual interés, al grado que no es aventurado asegurar que tiene toda la intención de hundir a Florence Cassez, condenada a purgar una condena de 60 años por el presunto delito de secuestro, aun con todas las irregularidades procedimentales que se han cometido en su contra. El presidente ha violado flagrantemente no solamente los postulados de la Constitución, sino acuerdos internacionales, con tal de lograr su cometido y sin reparar en las consecuencias diplomáticas que su intromisión generará entre México y Francia.
El titular del poder ejecutivo ha soslayado la postura de algunos ministros que reconocen que, efectivamente, el caso-Cassez está lleno de irregularidades, desde su detención hasta el desarrollo del proceso que se le sigue. Y estas irregularidades fueron el soporte para que el presidente de la Primera Sala de la (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentara un proyecto que ordena la liberación de la acusada, sin embargo, su ponencia hasta el momento no ha prosperado ante la oposición de algunos de sus colegas, pero más que nada, del propio mandatario, el cual una vez más, exhibe su siniestra mentalidad fascista, la misma que lo ha llevado a ensangrentar al país.
Por eso, Calderón se ha fijado como meta impedir la excarcelación de Florence Cassez, así como a que sea trasladada a su patria y para ello ha recurrido al dudoso testimonio de corporaciones televisivas, que se han prestado a esta burda comedia con tal elevar su rating, y porque probablemente, están siendo generosamente retribuidas por sus infame servicios al gobierno fascista encabezado un presidente autoritario y enfermo de poder.
Es tal el empecinamiento del presidente que ha tenido el descaro de echar mano de personas de dudosa solvencia moral para probar la culpabilidad de la acusada, como es el caso de la señora, Isabel Miranda de Wallace, una dizque luchadora social, que se dice haber sido víctima por el secuestro de su hijo. Wallace, asombrosamente, descubrió en un tiempo récord el lugar donde supuestamente se hallaba el cuerpo de su vástago; demostró, con ello, una mayor eficiencia que la policía investigadora del caso, incluso con sus dotes detectivescas superó la astucia y la sagacidad del legendario Sherlock Holmes y de Edgar Allan Poe.
Empero, son pocos los que saben que Isabel Miranda de Wallace, tiene antecedentes penales. En 1998 se vio involucrada en un proceso penal como probable responsable de los delitos de resistencia de particulares, inclusive, por el delito de homicidio en su modalidad de tentativa. Pero, gracias a los vínculos de amistad que sostiene con Felipe Calderón, fue eximida de los cargos que se le imputaron, posteriormente siguiendo las coordenadas calderonistas, Wallace—quien actualmente es candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal—se convirtió en la más acérrima enemiga de Florence Cassez, y en aliada incondicional del presidente y del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En este contexto, cómo es posible creer en el testimonio de una persona que por sus negros antecedentes carece de autoridad moral para señalar sin contar con las pruebas fehacientes a la ciudadana de origen galo. Sencillamente es monstruoso, cualquier acusación en contra de alguien debe estar respaldada por persona digna de fe, y la reputación de la señora Wallace pone en entredicho sus señalamientos, que más que obedecer a la razón parecen ser frutos de una venganza personal, avalada por su amigo, Felipe Calderón, el principal interesado en condenar a Florence Cassez, sin tomar en cuenta las violaciones que se han venido cometiendo en el juicio que se le sigue en su contra, reconocidas por los propios magistrados, menos por el presidente de la República, que haciendo uso de su inmenso poder socava la autonomía de la división de poderes y la presunción de inocencia que todo procesado debe gozar por mandato constitucional.
Con todo, Línea Crítica sostiene que el caso-Cassez es una bomba de tiempo que tarde o temprano le estallará al primer mandatario, por una razón muy simple: El proceso de Florence Cassez está plagado de vicios, de atropellos a sus garantías individuales, tal y como lo han admitido y declarado públicamente connotados juristas, tanto del propio Poder Judicial, como de fuera, pero cuando esta bomba explote no sólo salpicará a un presidente autócrata, o a la Corte, sino también al pueblo mexicano y al francés, cuyas relaciones se verán seriamente afectadasal tiempo.