Por Juan Carlos Ceballos.- El estado tiene que asumir su responsabilidad ya que ni el pueblo, y mucho menos el afectado, tienen que pagar por el llamado - Error Judicial- que es una sentencia injusta, que dictan, jueces y magistrados, en contra de un ciudadano y cuando este llega a demostrar en su momento, que hubo negligencia, o dolo, o una falta de pericia, o desconocimiento de la ley, del juez o magistrado, que le está dictando esa resolución o esa sentencia, que es injusta, porque le está ocasionando un daño y un perjuicio ni en Nayarit ni en cualquier parte del paísasí lo señaló el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Martín Mayorga Martínez.
Agregó, -creemos que estos servidores públicos e impartidotes de justicia, tienen que responder por su conducta personal, en lo que se refiere a la aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado.
Resaltó, que el estado en estos casos no asume la responsabilidad de cuantificar ese daño, e indemnizar a quien resulte afectado, por ese error judicial y casos prácticos hay muchos, no solamente en Nayarit, sino en todo México, -vemos ejemplos claros de los casos que atrae, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el muy reciente de Víctor Chávez de la Torre, ya que él tenía 4 años recluido, con una sentencia de 51 años y demostró su inocencia y ni siquiera le dan las disculpas obligadas, como debiera ser-.
Dio a conocer que preocupados porque los nayaritas, tengan acceso a una justicia, que además de pronta, rápida, gratuita e imparcial, estamos pensando en una serie, de proyectos, de reformas y adiciones, a una ley que se llama de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios, con la finalidad, de que los particulares y toda la sociedad en general, tengan la posibilidad de acceder a estándares de justicia, de más calidad.
Añadió ya que hay un rubro que se ha descuidado un tanto por el legislador y que tiene mucha repercusión, que se refiere, al error judicial.
El titular del TJA, expresó, que hay otro asunto que es más trascendente y más serio, es el que se debe de asumir por los legisladores y que confiamos mucho, que al acercar el proyecto iniciativa a los diputados de la XXX Legislatura, habrán de saber comprender, el alcance que esta situación tiene, en una sociedad que cada día es más incrédula, a que se respeten sus derechos humanos, legales y constitucionales y –nos parece que es un asunto muy interesante el tema del error judicial y lo estamos planteando en el marco de una ley que está vigente y que le corresponde aplicar al Tribunal de Justicia Administrativa, de Nayarit.
Mayorga Martínez, argumentó, es un tema –repito- que es muy recurrente hay muchas sentencias que los jueces dictan, repito por dolo, en ocasiones y por caer en actos de corrupción, por negligencia al no tener el cuidado necesario, de cuidar que esas resoluciones sean justas y legales, ya que en ocasiones por desconocimiento técnico y jurídico del derecho, hace que la persona sufra, no solamente en la materia penal, sino en lo civil y mercantil y el afectado sufre el daño y perjuicio consecuente, que no debe ser.
Martín Mayorga, aseveró, que el estado debe de tener la responsabilidad, de resarcirlo y que ese daño, sea cuantificable en dinero y sobre todo que haya esa reparación, a favor de las personas, ya que también se presenta el retraso injustificado de los términos que las propias leyes establecen, para resolver los asuntos, por lo que hay una sociedad que está desprotegida en ese sentido, -todos estamos expuestos a que un día enfrentemos un procedimiento de cualquier naturaleza, que haya una sentencia injusta y que nadie, nadie responda por ello, cuando aquí es el estado el que tendría que responder por ese error judicial, el cual ya no debe existir.
Remarcó que esto, es una tendencia de modernidad del derecho muy aceptada en países de Europa y que nosotros ya dimos un gran paso, al tener esta ley de responsabilidad patrimonial, aunque reconocemos que es un tanto desconocida, por la sociedad, pero es preferible que esté la norma, previendo una situación concreta que se presente y que tengamos que hacer una labor redoblada de sensibilizar a la gente y de asumirles la cultura de la denuncia y la demanda, al hecho de que exista un vacío en nuestra legislación y una desprotección de los derechos que tienen todos los ciudadanos—concluyó.