Por: Juan Fregoso
Ningún gobierno que se precie de democrático, puede ser capaz de atentar contra la libertad de expresión, que es un derecho consubstancial al hombre. La democracia exige, entre otras cosas, que el gobernado pueda externar sus ideas libremente, sin que se le constriña por ello, aunque sus ideas perjudiquen al gobierno en turno.
Y la democracia es una forma de gobierno que reconoce a los hombres una igualdad esencial de oportunidades para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que cuenta con el pueblo para la estructuración del poder.
En este contexto, el estudio de la estructura del estado no puede prescindir del estudio de la estructura del poder. Y la estructuración democrática del poder implica el difícil equilibrio del binomio libertad-autoridad. No se puede desconocer la libertad, so-pretexto de autoridad, como no se puede tampoco negar la autoridad so-pretexto de la libertad. Totalitarismo y liberalismo son dos extremos frente al problema de la libertad. Autoridad y libertad son igualmente necesarias, aunque lo sean en diverso modo. La autoridad tiene un carácter de instrumento, de medio. La libertad es algo más importante, es nota esencial de la persona, ejercicio de nuestro ser de hombres.
Por tanto, sólo cuando el gobierno tiene algo que esconder le teme al ejercicio de la crítica periodística, al grado de reprimirla, a costa de lo que sea, incluso recurriendo a la violencia, al encarcelamiento, al destierro y hasta al asesinato, como lo registra la historia. Mas cuando un gobierno—sea de la estirpe que sea—sabe que está actuando bien, no tiene que preocuparse por lo que diga la prensa; es tolerante, porque sabe—o debería saber—que la prensa es el espejo donde se reflejan sus buenas o malas acciones, permitiéndole corregir el rumbo si este fuera el caso.
Así pues, la cuestión de la libertad de expresión ha sido desde hace muchísimo tiempo, tema de encendidos debates y ha sido analizado por las mentes más preclaras en esta materia. Ilustres juristas han sostenido sus puntos de vista en torno a este polémico asunto, para finalmente arribar a un punto común: que el hombre no puede vivir con una mordaza en la boca. Al hombre le asiste por naturaleza—no por concesión graciosa de los gobiernos—el derecho de expresar sus ideas, así parezcan éstas ofensivas y hasta subversivas, el estado está obligado constitucionalmente a proteger dicha libertad, sin la cual el hombre perdería su esencia y se cosificaría.
Se ha escrito hasta la saciedad que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral (¿de quién?), los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Lo cierto es que la libre manifestación de las ideas, pensamientos u opiniones, constituye uno de los factores indispensables para el progreso cultural y del tejido social.
Eminentes estudiosos consideran que la degradación del hombre deriva del silencio obligatorio que se le impone, es decir, de la prohibición de que externe sus sentimientos, ideas, opiniones, con lo cual se le obliga a que los conserve para sí mismo, viéndose imposibilitado para actuar con plena autonomía. Evidentemente que un pueblo subyugado por el poder arbitrario del estado y de sus órganos representativos, le impide su realización como persona humana, condenándolo a reprimir su pensamiento, el cual no puede transmitir a sus semejantes, y esto lo convierte en un ser servil, incapaz de contribuir al progreso cultural.
Los regímenes en los que impere la libre manifestación de las ideas, la libre discusión y la sana crítica, estarán siempre en condiciones de brindar a la sociedad posibilidades de elevación intelectual; en contraste, cuando se coarta la manifestación del pensamiento, obstaculizándose las polémicas, conversaciones, los discursos, las conferencias, en los que suele traducirse, se prepara para la sociedad humana el camino de la esclavitud espiritual que trae pareja su ruina moral. Por ello, la libertad de expresión del pensamiento es la amenaza que más temen los autócratas y oligarcas de cualquier tipo contra el mantenimiento coactivo y represivo del estado de cosas que se empeñan por conservar.
Sólo de esta manera se explica que las autoridades se empeñen en acallar las voces críticas, porque temen que se les exhiban sus corruptelas o actos deshonestos. Para este tipo de gobierno la libertad de expresión se convierte en un instrumento incómodo y hasta peligroso, porque constituye una amenaza para la satisfacción de sus intereses personales. Es, pues, un estorbo que les impide realizar—aunque de todos modos lo hacen—toda suerte de pillerías en menoscabo del pueblo que los llevó al poder.
Un gobierno honesto no tiene porqué temer a la libertad de expresión, porque ve en ella—lo que realmente es—un medio coadyuvante, una especie de guía que le está diciendo si está actuando bien o si está actuando mal. Lamentablemente, los gobernantes no lo ven de esta manera, al contrario, ven a los medios de comunicación como acérrimos enemigos, que en no pocos casos, así los tratan, porque no se dan cuenta—o no quieren darse por enterados—que la prensa también tiene la obligación de cogobernar para beneficio de la sociedad. ¿Qué sería si no existieran los medios de comunicación, que son los ojos de los que no miran, de los que no tienen voz? Si así, los gobernantes incurren en actos de corrupción, sabiéndose vigilados, bajo el escrutinio de la opinión pública, es obvio que si no existieran los molestos periodistas, las autoridades acabarían con los dineros del pueblo. En resumen, el gobierno que le teme a la crítica, sea constructiva o destructiva, es un gobierno que se está despachando con la cuchara grande; por eso repudian al periodista crítico, incisivo, que los enjuicia. La prensa domesticada se cuece aparte, porque en este medio—como en muchos otros—hay de todo.