Por Héctor Miguel Flores Nava
El jueves 28 de octubre, el gobernador Ney González Sánchez dio a conocer una iniciativa del nuevo esquema de seguridad donde determinó cero tolerancia a cualquier situación que favorezca la comisión de delitos. Para ello anunció una propuesta de ley denominada Anti-Halcón. Reconoció que hasta el momento, los que han presentado buenas cuentas a la sociedad, son exclusivamente los operativos militares.
Esta reacción del Ejecutivo estatal fue derivada de la matanza de quince personas el miércoles 27 de octubre por la mañana, en un negocio de lavado de autos, reacción que atiende más a las presiones políticas que al problema en sí, a pesar de que a lo largo del año en curso, ya habían ocurrido 277 muertes relacionadas con el narcotráfico en la entidad.
Escuchar nuevamente el concepto de cero tolerancia me hizo recordar que en 1993, bajo el yugo de hierro del entonces alcalde, Rudolph Giuliani, Nueva York logró hacer descender significativamente sus índices delictivos. Por décadas Nueva York fue sinónimo del crimen, atracos, violaciones, robos y atrocidades.
Fueron los años de la llamada tolerancia cero en los que el departamento de policía de Nueva York se fortaleció como nunca antes, privilegiando atender lo medular en las comunidades, más que lo urgente, implementando ya no multas sino arrestos. En diez años, por ejemplo, el crimen se redujo en un 70 por ciento, las violaciones en un 40 por ciento, los asaltos en un 72 por ciento y los delitos contra la propiedad en un 73 por ciento.
Zonas de alto riesgo en Brooklyn y el Bronx se volvieron transitables y no en balde a finales del siglo XX Nueva York fue declarada la ciudad más segura de la Unión Americana. Sin embargo, pensar en implementar esa política de restricciones de manera generalizada en una realidad como la nuestra, me parece que no es lo adecuado, si tomamos en cuenta que el flagelo al que se trata de atacar en nuestra entidad es al crimen organizado en torno al narcotráfico y no a los delitos del fuero común.
González Sánchez habló de las necesidades de que las policías, que son dos: una preventiva, y otra de investigación, además de las policías municipales, estén trabajando cuerpo a cuerpo con los efectivos de la Zona Militar y de la Zona Naval; hizo énfasis, además, en la necesidad de que se coordinen muy bien los operativos de Tepic y de Xalisco.
Pero, según da a conocer Ángel Plascencia en una nota periodística, en una reunión celebrada entre militares en la ciudad de Monterrey, junto con activistas y organizaciones civiles se revelaron inquietudes que habían permanecido en el silencio dentro de la milicia; expresaron su desconfianza en autoridades y movimientos civiles, y dieron a conocer su deseo en participar solos en esta guerra contra el narcotráfico.
Situaciones como las planteadas por el Ejército Mexicano, no hacen sino fortalecer la idea de que las estructuras de los cuerpos policiacos han sido vulneradas por la corrupción existente, a partir de la seducción económica del crimen organizado y alimentada por los bajos salarios y las pocas garantías de previsión y seguridad social que tienen las familias de los que, desafortunadamente, caen en cumplimiento de su deber, situación que en todo caso, debe de revertirse.
Hablar de medidas tendientes a buscar una solución a los problemas de violencia extrema a que estamos expuestos los ciudadanos en general, medidas que hasta ahora no han prosperado en detenciones de los delincuentes dedicados al sicariato, nos habla de un problema creciente que afectará al pueblo en general, que ya no sólo estará en riesgo del fuego cruzado entre bandas, sino además enfrentará el temor de ser molestado en sus derechos humanos por las fuerzas armadas, que ya demostraron también haberse excedido y equivocado, ocasionando daños colaterales.