Revela jurídico de SEPEN que los maestros detenidos en octubre, por intentar la venta de plazas, ya fueron cesados.

Por Óscar Verdín Camacho


Aferrados a no culpar a nadie más, Roberto Omhar Cháidez Galicia, de 30 años de edad, y Humberto Ceceña Amparo, de 26 años, no han soltado la lengua y decidieron cargar solos con el peso de haber pretendido vender plazas para maestros.

Ambos ya fueron cesados como maestros, una vez que el Juzgado Cuarto Penal les dictó auto de formal prisión por el delito de fraude, según precisó el viernes 29 de octubre Antonio Serrano, director jurídico de los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit (SEPEN).

La notificación del despido se realizó cuando Cháidez –maestro de una primaria en la colonia Jazmines, en Tepic- y Ceceña –que cubría un interinato en un plantel de Puga- se encontraban recluidos en la penal de Tepic. Hasta el viernes pasado no habían interpuesto recurso de inconformidad.

El 14 de octubre, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) divulgó un comunicado de prensa en el que señaló que la Secretaría de Educación Básica (SEB), los SEPEN, así como las secciones sindicales 20 y 49 de maestros desconocían estas actividades, que consistían, añadió el boletín, no sólo en vender plazas a precios de entre 40 y 100 mil pesos, sino que también ofrecían mejores puntajes de carrera magisterial.


PERDÓN Y SOBRESEE


De acuerdo con el director jurídico de los SEPEN, las primeras denuncias fueron interpuestas por ellos y por la SEB, luego de que varios afectados acudieron a escuelas a principios del ciclo escolar, haciéndose pasar como maestros, pero con documentos falsos que les entregaron Cháidez y Ceceña.

Varios de ellos, explica Serrano, pidieron información a los SEPEN y confirmaron la inexistencia de las plazas.

Agrega que no hubo necesidad de exigir una explicación a ambos maestros ya que eran muy claras las pruebas de delito, por lo que se presentaron denuncias penales por falsificación de documentos, firmas, sellos, y a las mismas se unieron las de quienes habían pagado importantes sumas de dinero por las plazas.

Hasta el momento, señala el abogado, se habla de 25 ofendidos y de un monto estimado en un millón 800 mil pesos. Un dato que llama la atención es que al menos 15 serían familiares o conocidos de Ceceña Amparo.

A Serrano se le pregunta si hay más implicados en este fraude porque, se le dice, era obvio que las personas que pagaron iban a reclamar si no tenían la plaza prometida.

Aquí, todas las plazas van a concurso, responde el funcionario, y añade que en los últimos dos años han sido interpuestas unas 10 denuncias por actos similares.

Respecto a la cercanía de Roberto Omhar Chaidez con el diputado local Antonio Carrillo Ramos, secretario General del PRI estatal –vinculado con Liberato Montenegro Villa, que mantiene un cacicazgo en el magisterio local- Serrano indica que una vez conocida la anomalía, se dio aviso al citado legislador.

Serrano reconoce la rápida acción de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), cuyo titular Óscar Humberto Herrera López ha estado pendiente de la investigación.

La denuncia que todavía no se consigna es la que interpusimos nosotros, por delitos como falsificación de documentos, sellos, firmas. Se está en un proceso de dictámenes periciales.

Fuentes que han conocido de cerca la investigación aseguran que ninguno de los acusados vinculó a más funcionarios en el fraude y, por el contrario, aceptaron su culpa.

El hecho de que la mayoría de las víctimas hayan sido conocidas, sobre todo de Humberto Ceceña, agilizó que se les concediera el perdón legal, se supone después de que se les regresó al menos una parte del dinero.

Según datos conocidos, una vez ofrecido el perdón, el Juzgado Cuarto dio por terminado el juicio y lo sobreseyó. El jueves 21 de octubre Ceceña fue dejado en libertad, y un día después igual sucedió con Cháidez, sin embargo, apenas puso un pie fuera de la penal y policías estatales nuevamente lo detuvieron.

El sábado 23, la PGJ informó que la detención de Cháidez fue por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, pero en realidad se trató de un delito inexistente para justificar la captura y vincularlo a otro expediente penal, por fraude nuevamente.


CASO PENDIENTE

Pero la rapidez con la que ha actuado la PGJ en el presente caso, no la ha merecido la muerte de otro maestro: Cristian Ortega Ochoa, ejecutado a balazos el lunes 23 de agosto, precisamente el primer día de clases del presente ciclo escolar.

El cuerpo de Cristian, abandonado en una brecha de Xalisco, fue identificado hasta el jueves 27 y en ese ínter una persona interpuso una denuncia penal en su contra, por fraude, relacionado con la venta de una plaza de telepreparatoria.

Sin querer, esa denuncia provocó una importante línea de investigación.

Antonio Serrano señala que ese asunto está en manos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y desconoce qué avances hay en la indagatoria.

Se trata, pues, de dos asuntos de suma gravedad, relacionados con la venta de plazas para maestros.

Fuentes extraoficiales aseguran que, cuando menos en el caso de Cháidez y Ceceña, habría elementos para acusar a otros personajes, pero se decidió no hacerlo.