Diputados reducen de 7 a 5 magistrados en Tribunal de Justicia Administrativa

16 / Noviembre / 2022

Por: MARIO LUNA


Noviembre 15.- En la sesión pública ordinaria de este martes, por unanimidad de votos de los 30 diputados que conforman esta XXXIII legislatura que encabeza la diputada Alba Cristal Espinoza Peña, aprobaron reducir de 7 a 5 magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa, ello por la poca productividad que han tenido.

Es por ello que al aprobar la reforma a la Constitución Local para reducir el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de 7 que se tienen a 5 magistrados, se tendrá una reducción considerable en el gasto público y se optimizarán los recursos de los que se dispone dicho tribunal, lo que implica, hacer más con menos.

Y es que pese a que se tenían 7 magistrados la productividad era mínima, lo que representaba una sobre representación, detallando que del 24 de enero del 2020 al 31 de noviembre del 2021, el Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit, solo dictó 61 resoluciones, 18 procedimientos de responsabilidad administrativa, 13 recursos de inconformidad, 17 recursos de reclamación y 13 juicios contenciosos administrativos.

Mientras que el estado de Jalisco, durante el 2020 dictó alrededor de mil 254 sentencias y en Sinaloa del 2020 al 2021 el Tribunal resolvió 3 mil 950 asuntos.

En esta misma reforma constitucional aprobada se estipula que no podrán ocupar el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes se hayan desempeñado en algún cargo de elección popular, como dirigente de algún partido político, como Fiscal General o Secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo durante el último año previo a la designación.

Esta misma reforma contempla también modificaciones al interior del Poder Judicial de Nayarit, las cuales se refieren a garantizar la paridad de género en la integración del Consejo de la Judicatura, se contará con nuevo esquema de responsabilidades administrativas, se transmite la competencia de la justicia constitucional al pleno del tribunal y se fortalece la función de los jueces de primera instancia.

Estas modificaciones señalan que los magistrados, jueces, secretarios y consejeros de la judicatura, no podrán desempeñar ningún otro cargo o empleo público, ello para garantizar de manera adecuada el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas.

Dicha reforma constitucional tuvieron origen en las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo y del legislador Pablo Montoya de la Rosa.